El descuido de la
administración pública causa daño a los bienes del Estado, por ejemplo, hay
edificios abandonados, citaré dos casos: el que está situado en las calles
guayaquileñas Luque y Tulcán, donde en doce pisos funcionaban los juzgados de
la Familia, Niñez y Adolescencia; y el de Córdoba y 9 de octubre que ocupaba un
distrito de educación. Estos y otros edificios abandonados, bien pueden ser
vendidos, alquilados o ser ocupados por instituciones públicas.
Después de la
repotenciación de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte en el gobierno
anterior embodegaron la valiosa biblioteca porque iban a fundar una digital;
también, el Museo de Ciencias Naturales que creó el eminente entomólogo
Francisco Campos Rivadeneyra; deben ser rehabilitados porque constituyen
tesoros para la educación.
Las piscinas públicas
siguen en el desamparo porque todavía discuten a quiénes les corresponden las
competencias. Las casas colectivas de Gómez Rendón y Mascote fueron construidas
por el IESS para los afiliados en la década del 1950, pero las abandonaron hace
más de diez años. El gobierno anterior se comprometió a evaluar la demolición
para construir un centro de salud; he observado que las han pintado de amarillo
y nada más. La falta de mantenimiento es otro mal que nos aqueja: el Estado
invirtió 763000 dólares en cada kilómetro de la red del tren rehabilitado, pero
el 25% no se usa en los paseos turísticos por falta de mantenimiento. Los
alrededores de ciertos distritos de educación causan pena porque los pequeños
jardines no son atendidos.
Se incumplió la fecha del rescate del estadio Modelo Alberto Spencer y
se fijan 90 días más.
Estas y otras fallas nos deja el 2019; ojalá que en el año 2020 termine
la inoperancia gubernamental.
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