Llamó la atención que el
investigado por el caso de ventas con sobreprecios de medicinas e insumos
médicos al IESS, Daniel Salcedo, tuviera una disfunción auditiva y, por tanto,
poseyera un carné que certifica el 46% de la discapacidad; lo que lo llevó a
importar carros de lujo, por ejemplo, uno está en la bodega de Fertisa. Costaría $100 000 en el Ecuador, pero pagó $25 000 en Estados Unidos.
Se ha destapado la olla de
grillos referente a este proceder de Salcedo, pues el Consejo Nacional de
Discapacidades, Conadis, ha presentado denuncias por supuestas irregularidades
en la entrega de carnés. En nuestro país siempre tienen que suceder
irregularidades en las instituciones públicas para actuar después, lo cual resulta
siempre sospechoso. Una banda capturada vendía hasta en $1200 un carné ilegal
de discapacidad, según la Policía; mientras un niño, que perdió un ojo por
cáncer, lleva 18 meses esperando por el carné de discapacidad.
Asambleístas, alcaldes y altos funcionarios
han importado carros de alta gama aprovechando beneficios legales, el 70% de
descuento en aranceles; la Fiscalía investiga, así como también a los
futbolistas que han logrado carnés de discapacidad. Con los carnés otorgados
por el Ministerio de Salud Pública, se logran también según el porcentaje de
discapacidad: deducir del pago del impuesto a la renta un valor adicional;
sobre los servicios: telefonía móvil, internet y transporte, el descuento es
del 50%, etc.
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